En un tramo de la frontera de Nuevo México, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, aseguró que la orden de pintar de negro el muro fronterizo fue “una petición expresa del presidente Donald Trump”. La funcionaria afirmó que, con las altas temperaturas del desierto, el metal recubierto de pintura absorberá aún más calor, lo que haría “más difícil” escalarlo. En sus redes sociales, Noem describió la estructura como “demasiado alta, demasiado estrecha y ahora tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán”.
El proyecto forma parte de la nueva estrategia de seguridad fronteriza del actual gobierno estadounidense, que ya destinó 46 mil millones de dólares a la extensión del muro a lo largo de los 3.218 kilómetros de frontera. Según Noem, cada día se construyen cerca de 800 metros de la estructura, considerada por ella “un escudo y un símbolo del compromiso del presidente con la seguridad del pueblo estadounidense”.
No es la primera vez que la idea se plantea. En 2020, durante la primera administración Trump, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) probó pintar tramos en Arizona y Nuevo México para evaluar sus beneficios. Sin embargo, expertos advirtieron entonces que el metal ya absorbe suficiente calor y que la pintura negra, además de costosa, podría desvanecerse con el tiempo, limitando su utilidad. The Washington Post estimó que el recubrimiento podría elevar el gasto en al menos 500 millones de dólares.
El debate también ha alcanzado a organizaciones civiles. Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, criticó en X que el Congreso recortara fondos de programas sociales para destinar miles de millones a la construcción y mantenimiento del muro. “Es un gasto exorbitante y completamente inútil”, escribió, en línea con lo señalado por el organismo cuando se aprobó el paquete de financiamiento. La ACLU también advirtió que el aumento de recursos para la agencia de inmigración ICE -que superará los 170 mil millones de dólares- refuerza “una agenda de deportación cada vez más agresiva”.
Mientras la administración Trump defiende que las detenciones masivas y el refuerzo fronterizo han reducido los cruces irregulares en un 92% respecto al año anterior, las críticas se centran en el costo humano y económico. Defensores de migrantes denuncian que muchas personas sin antecedentes penales terminan detenidas en redadas y que, detrás del muro negro, se esconde un mensaje más político que práctico: el de convertir una frontera en un símbolo de exclusión.
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