La nueva Suprema Corte de Justicia hace un llamado a la austeridad y a recuperar la confianza ciudadana

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedó formalmente instalada la noche del 1 de septiembre, en una sesión solemne que reunió a los titulares de los tres Poderes del Estado tras casi tres años de ruptura institucional. El acto marcó el inicio de una etapa inédita en el Poder Judicial de la Federación, tras la reforma de 2024 que permitió la elección ciudadana de los ministros.

En su primer discurso como presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad que incluye la revisión de pensiones de ministros en retiro, la eliminación de seguros médicos privados y la reducción de sueldos para que ningún juzgador gane más que la presidenta de la República. “La justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta”, declaró.

Aguilar Ortiz afirmó que este 1 de septiembre marca el “reinicio” del Poder Judicial, con un tribunal cercano, accesible y sin privilegios. Aseguró que los ahorros generados, estimados en más de mil millones de pesos, se destinarán a modernizar procesos, reducir rezagos y fortalecer juzgados en beneficio de la población. Subrayó que la austeridad no significará precariedad, sino el fin del dispendio y el nepotismo.

La ceremonia reunió a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Laura Itzel Castillo, así como a los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Entre los invitados especiales estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el canciller Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Con mayoría de mujeres en el Pleno, la nueva SCJN busca construir una justicia transparente, pluricultural y con perspectiva de género. En palabras de Aguilar, el compromiso es devolver confianza a las familias mexicanas, abrir la Corte a los pueblos indígenas y a la sociedad civil, y garantizar que “nadie quede fuera ni sin justicia”.