Tras reunirse con los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que iniciará la búsqueda de perfiles para conformar un nuevo grupo de investigadores independientes que dé seguimiento al caso Ayotzinapa. Para ello, el Gobierno mexicano acudirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para localizar especialistas que participen en la investigación.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de establecer los primeros contactos con la ONU y seleccionar posibles expertos. La medida busca atender una de las principales demandas de los familiares, quienes han insistido en la necesidad de contar con investigadores imparciales que garanticen buenas prácticas en el seguimiento del caso.
El anterior grupo independiente, el GIEI, se retiró en 2023 tras enfrentar obstáculos, principalmente por la negativa del Ejército de compartir información sobre sus movimientos la noche de la desaparición. Los investigadores habían señalado la implicación de la institución militar en el crimen y su salida generó preocupación entre los familiares de los normalistas.
Sheinbaum aclaró que este nuevo grupo no será el mismo GIEI, debido a que varios de sus integrantes no están interesados en regresar. Sin embargo, destacó que la nueva estrategia adoptará un enfoque más científico y multidisciplinar, incluyendo el análisis tecnológico de dispositivos móviles y datos de llamadas de dos estudiantes que continuaron activos días después del ataque.
Aunque la presidenta mantiene optimismo sobre esta nueva aproximación, los familiares han expresado su decepción y advierten que no se deben descartar las líneas de investigación basadas en testimonios que se habían seguido durante la última década. Sheinbaum insistió en que el objetivo es obtener un conocimiento más completo de la verdad y localizar a los jóvenes desaparecidos.
El nuevo fiscal a cargo del caso, Mauricio Pazarán, tendrá la tarea de recopilar pruebas que permitan órdenes de aprehensión y vinculaciones sólidas, siguiendo la estrategia de esperar a contar con evidencias concluyentes antes de presentarlas ante un juez. Con esto, el Gobierno busca dar un nuevo impulso a un caso que este 26 de septiembre cumple 11 años sin resolverse.
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