La selva de Quintana Roo enfrenta una presión creciente: desmontes y cambios de uso de suelo sin autorización han provocado la pérdida de más de 2 mil 500 hectáreas en municipios como José María Morelos y Bacalar. Ante esta situación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró diversos predios en los que se detectaron daños a la vegetación nativa.
Las inspecciones se realizaron entre junio y agosto como parte de un operativo regional en la Península de Yucatán, que también incluyó a Campeche y Yucatán. Durante las revisiones, las autoridades encontraron maquinaria utilizada para el desmonte y, en algunos casos, áreas de selva arrasadas para monocultivos agroindustriales.
La medida no solo busca frenar la destrucción de ecosistemas, sino también abrir la puerta a la restauración de estas áreas. La Profepa informó que se han iniciado procedimientos administrativos y presentado denuncias penales contra quienes resulten responsables.
De manera paralela, se convocó a la creación de una Mesa de Combate a la Tala Ilegal en Quintana Roo, en la que participarán instituciones ambientales y de seguridad de los tres niveles de gobierno. El objetivo es coordinar acciones para detener la deforestación y avanzar en sanciones que inhiban futuros desmontes.
Los números dimensionan la urgencia: en la Península de Yucatán se han clausurado este año más de 6 mil hectáreas por afectaciones a la selva. Cada hectárea perdida significa un retroceso en la conservación de especies, en la regulación del clima y en la calidad de vida de las comunidades que dependen directamente de estos recursos.
Con estas acciones, se busca recordar que la selva no solo es paisaje, sino sustento y equilibrio para las generaciones presentes y futuras.
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