En Chetumal, Quintana Roo, se descubrió un cementerio clandestino con al menos 50 cuerpos de perros y gatos enterrados sin control sanitario, presuntamente abandonados por la empresa Xibalbá Incineración – Crematorio de Mascotas y Clínica Veterinaria, en un caso que ha desatado indignación y dolor colectivo entre la ciudadanía.
Durante el operativo, el director de Bienestar Animal de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), Lucio Cruz, confirmó el hallazgo de al menos 50 cadáveres de perros y gatos enterrados sin control sanitario, en condiciones indignas.
El hallazgo ocurrió en un terreno ubicado sobre la Avenida Primo de Verdad, cerca de la colonia Barrio Bravo, donde vecinos reportaron olores fétidos y bolsas negras con restos animales. Tras la denuncia ciudadana, personal de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) y la PPA acudieron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias y abrir una investigación formal.
A través de una transmisión en vivo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó estar “enterada del caso” y garantizó que no habrá impunidad. “La SEMA y la Fiscalía ya tienen conocimiento del hecho y están brindando atención puntual para su resolución”, declaró. Subrayó además que “no se permitirá ningún acto de crueldad o fraude que vulnere la confianza y el amor de las familias hacia sus mascotas”.
En redes sociales, usuarios afectados comenzaron a compartir información relevante para identificar a los presuntos responsables y facilitar las denuncias. Se han abierto dos carpetas de investigación oficiales:
•PPA/DP/DPAA/DSPDAZS/024/2025, ante la Procuraduría de Protección al Ambiente.
•FGE/QROO/OPB/10/5562/2025, ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
De acuerdo con testimonios en redes, el presunto dueño del crematorio es Alejandro Yam Navarrete, mientras que los pagos por servicios de cremación se realizaban a cuentas a nombre de Brizeidy Koo (Mercado Pago), Lucía Yamileth Magaña (BBVA) y Nery Carrillo (BBVA).
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el número total de mascotas afectadas y establecer las sanciones correspondientes. El caso ha abierto un debate urgente sobre la regulación de los servicios funerarios para animales y la necesidad de supervisión y control en empresas que manejan restos de mascotas, consideradas parte esencial de las familias quintanarroenses.
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