La decisión del gobierno de México de otorgar asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo, desató una nueva crisis diplomática con Perú, que anunció la ruptura de relaciones bilaterales.
Chávez, abogada y congresista nacida en Tacna, fue inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos por presuntamente participar en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Permaneció más de dos años en prisión preventiva, acusada de rebelión y conspiración, hasta su liberación en septiembre de 2025.
Durante su detención denunció tortura y acoso judicial, argumentando persecución política y de género. Organismos internacionales y sectores sociales calificaron su caso como un ejemplo de lawfare, es decir, uso del sistema judicial con fines políticos.
El gobierno de Claudia Sheinbaum justificó el asilo por “persecución judicial de carácter político y de género”. En respuesta, el presidente peruano José Jerí acusó a México de “intromisión en asuntos internos”, profundizando la tensión regional.
El caso refleja la fragilidad institucional del Perú, inmerso en protestas, denuncias de abusos a los derechos humanos y una sucesión de crisis políticas desde 2022.
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