La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que incrementa las sanciones por el delito de extorsión, imponiendo penas de hasta 42 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada, reducción de condena o conmutación. El dictamen, con 450 votos a favor, fue avalado como de urgente resolución y enviado al Ejecutivo para su publicación.
La nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión establece una pena base de 15 a 25 años de cárcel, acompañada de multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización. Además, incorpora 34 agravantes que elevan significativamente las sanciones.
Entre estas agravantes se contemplan delitos como el cobro de piso, la extorsión relacionada con actividades comerciales o agrícolas, o cuando se comete a nombre de sindicatos o grupos similares. En dichos casos, la pena puede aumentar hasta 33 años.
Cuando la víctima es una persona migrante, menor de edad, adulto mayor o mujer embarazada, o existe relación de confianza o laboral con el agresor, la sanción puede elevarse hasta 37 años de cárcel. Si el delito incluye violencia física o daños provocados de manera intencional, la pena máxima alcanza los 42 años.
El proyecto también restablece severas sanciones para servidores públicos que conozcan del delito y no lo denuncien, imponiendo penas de 10 a 20 años de prisión. Asimismo, prevé la homologación del tipo penal a nivel nacional y establece la persecución de oficio y la denuncia anónima a través del 089.
Durante el debate, legisladores de oposición criticaron a Morena por haber reducido las penas en una versión previa, mientras que Ricardo Monreal defendió la reforma y llamó a elevar el nivel del debate parlamentario. El dictamen quedó listo para su promulgación en los próximos días.
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