Los ciudadanos en México deberán prepararse para un cambio clave en la forma en que acreditan su identidad, ya que a partir de febrero de 2026 la CURP biométrica será reconocida como identificación oficial obligatoria en diversos trámites públicos y privados. Esta nueva modalidad integrará datos biométricos y sustituirá progresivamente a la CURP tradicional en procesos que requieren verificación formal de identidad.
La transformación forma parte de una estrategia federal para unificar y fortalecer el sistema nacional de identificación. El sustento legal quedó establecido con la reforma a la Ley General de Población, publicada el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, la cual autoriza la incorporación de fotografía, huellas dactilares y escaneo de iris al registro de la CURP.
Durante 2025 se desarrolló una etapa de pruebas y ajustes técnicos en entidades seleccionadas como Veracruz, Ciudad de México y Estado de México. Posteriormente, a partir de enero de 2026, el trámite se abrirá al público en general en módulos del Registro Civil y oficinas del Registro Nacional de Población en todo el país, como paso previo a su obligatoriedad.
Una vez que entre en vigor como identificación oficial, la CURP biométrica será requerida para trámites como el acceso a servicios de salud pública, el registro y cobro de programas sociales y pensiones, la apertura de cuentas bancarias, contratación de créditos y otros productos financieros, así como inscripciones escolares y gestiones administrativas en centros educativos.
Asimismo, tanto dependencias gubernamentales como empresas privadas deberán aceptarla como documento válido cuando los ciudadanos la presenten para contratos, servicios o procesos que demanden comprobación de identidad confiable.
Para obtenerla, será necesario presentar una identificación oficial vigente, acta de nacimiento certificada, comprobante de domicilio y un correo electrónico activo. Aunque las autoridades aseguran que el uso de biometría se realizará bajo esquemas de protección de datos personales y consentimiento informado, el nuevo sistema ha abierto un debate público sobre privacidad y resguardo de información sensible.
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