La prohibición de los vapeadores en México, lejos de reducir su consumo, ha generado un crecimiento acelerado del mercado ilegal y ha facilitado el contacto de jóvenes con grupos criminales, de acuerdo con el informe Humo, Vapeo y Poder, elaborado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.
Especialistas advierten que la política prohibicionista ha abierto un espacio que hoy es aprovechado por el crimen organizado.
El estudio documenta que, tras la prohibición, los vapeadores se convirtieron en un producto más dentro de la economía criminal, utilizado como una fuente constante de ingresos para financiar actividades ilícitas como extorsión, tráfico de drogas y compra de armamento . Su bajo costo de entrada y alta demanda, especialmente entre jóvenes, lo hacen un negocio atractivo.
Uno de los principales riesgos señalados es la captura de públicos juveniles. En escuelas y entornos escolares, la venta de vapeadores se ha normalizado debido a la ambigüedad legal y a sanciones menores en comparación con otras drogas, lo que facilita que adolescentes participen como distribuidores sin dimensionar las consecuencias.
El documento también alerta que muchos jóvenes son utilizados como intermediarios por grupos criminales, al considerarlos “invisibles” ante el sistema de justicia. Esta práctica reduce riesgos para las organizaciones delictivas y amplía su red de operación en colonias, escuelas y zonas turísticas .
Además del impacto en seguridad, el informe subraya riesgos graves para la salud pública, ya que la producción clandestina de vapeadores carece de controles sanitarios, lo que expone a los consumidores a sustancias adulteradas sin ningún tipo de regulación.
Especialistas concluyen que la falta de regulación clara, sumada a la prohibición, ha fortalecido al mercado negro y debilitado la capacidad del Estado para proteger a los jóvenes y controlar la distribución de estos productos.
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