Documentos fiscales del Servicio de Administración Tributaria confirman que el buque Challenge Procyon, asegurado en marzo en el puerto de Tampico, transportaba más de 20 millones de litros de diésel ilegal, pese a que autoridades federales informaron públicamente solo el decomiso de la mitad del cargamento.
De acuerdo con el expediente, el combustible ingresó al país a finales de marzo de 2025 y fue importado por la empresa Intanza, que declaró el producto como aditivos para aceites lubricantes, cuando en realidad se trataba de diésel.
Las actas del procedimiento administrativo iniciado por la Agencia Nacional de Aduanas detallan que el cargamento pesaba más de 17 millones de kilogramos, lo que equivale a casi 21 millones de litros tras aplicar el factor de conversión correspondiente.
El SAT determinó que hubo una reclasificación arancelaria indebida y detectó omisiones en el pago de impuestos. Según el cálculo oficial, la evasión fiscal por el total del cargamento superaría los 190 millones de pesos.
Aunque el valor declarado fue de 53 millones de pesos, la autoridad fiscal estableció que el valor real del combustible era superior a los 218 millones, cifra sobre la cual debieron pagarse contribuciones como el IEPS.
Hasta el momento, ninguna dependencia federal ha informado qué ocurrió con el volumen de combustible que no fue incluido en el decomiso oficial, pese a que existían reportes internos que confirmaban la magnitud real del cargamento.
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