El Gobierno de México analiza una nueva iniciativa que busca frenar el mal uso de las Pensiones Bienestar en Quintana Roo y el resto del país, la cual contempla sanciones de hasta ocho años de prisión para quienes exploten económicamente a las personas beneficiarias de estos apoyos.
La propuesta, presentada ante el Congreso por el Partido Ecologista, surge ante los reiterados casos de familiares que controlan, retienen o utilizan de manera indebida los recursos destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en situación vulnerable.
De acuerdo con datos expuestos en la iniciativa, al menos tres de cada cinco adultos mayores han sido víctimas de este tipo de prácticas, cifra que se incrementa hasta en un 50 por ciento cuando se trata de personas con discapacidad o mujeres que viven en contextos de riesgo.
El planteamiento contempla reformas al Código Penal y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de permitir denuncias sin formalismos excesivos y sin que necesariamente deban ser presentadas directamente por las víctimas.
El delito sería tipificado como “Explotación Financiera de Adultos Mayores” y sancionaría a familiares que incurran en amenazas, chantajes o control de las tarjetas del Banco del Bienestar, con penas de cuatro a ocho años de prisión, multas y reparación del daño.
Las autoridades recordaron que las Pensiones Bienestar están destinadas exclusivamente a cubrir necesidades básicas de los beneficiarios, como alimentación, medicamentos y gastos médicos, por lo que cualquier uso distinto podría ser considerado un delito a partir de 2026.
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