A menos de dos semanas de la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el gobierno interino de Venezuela anunció una iniciativa para reformar el sector petrolero, considerado el eje histórico de la economía nacional. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que el proyecto busca modificar el marco legal vigente para reactivar la industria energética del país.
El anuncio se da en un contexto de reacomodo político y diplomático, mientras la administración provisional intenta redefinir su relación con Estados Unidos y responder a la presión de actores internacionales interesados en invertir en el sector petrolero venezolano, afectado por años de sanciones y caída operativa.
Rodríguez explicó que la propuesta incorpora criterios de la Ley Antibloqueo, aprobada en 2020, que permitió al Estado establecer acuerdos con inversionistas bajo esquemas confidenciales para evadir restricciones impuestas por sanciones económicas. El nuevo modelo pretende ofrecer mayor flexibilidad a empresas extranjeras interesadas en participar en la exploración y producción de crudo.
La reforma también plantea ajustes a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual limita actualmente la participación privada en la industria. Con estos cambios, el gobierno interino busca atraer capital para desarrollar campos petroleros sin infraestructura y zonas que no habían recibido inversión en décadas.
De acuerdo con la presidenta interina, los ingresos derivados de las ventas de petróleo bajo el nuevo esquema se destinarán a programas de salud, proyectos de infraestructura y acciones de reactivación económica, sectores severamente golpeados por la crisis prolongada del país.
Venezuela registra actualmente una producción cercana a 1.2 millones de barriles diarios, una cifra que representa una recuperación frente a los niveles mínimos de 2020, aunque todavía distante de los más de 3 millones de barriles diarios que producía a inicios de siglo. El petróleo continúa siendo la principal fuente de ingresos de una economía aún marcada por el embargo y la falta de inversión sostenida.
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