Familiares de tres de las 92 personas privadas de la libertad que fueron enviadas a Estados Unidos entre febrero de 2025 y enero de 2026 presentaron una denuncia penal contra la presidenta Claudia Sheinbaum y miembros del Consejo de Seguridad Nacional, acusándolos de traición a la patria.
En conferencia de prensa, los denunciantes aseguraron que los traslados se realizaron sin procedimientos formales de extradición ni órdenes judiciales, y advirtieron que esta práctica podría aplicarse, según ellos, a cualquier ciudadano.
Los familiares y sus abogados sostuvieron que no existió mandato legal que autorizara la entrega de estas personas a autoridades extranjeras, pese a tratarse de individuos vinculados con organizaciones criminales de alto impacto.
Entre los casos expuestos se encuentra el de Juan Pedro Saldívar Farías, alias el Z-27, identificado como exdirigente del grupo criminal Los Zetas, cuya pareja sentimental calificó su traslado como un supuesto “destierro”, figura inexistente en el marco legal mexicano.
Los representantes legales afirmaron que estos hechos forman parte de una estrategia sistemática de cooperación bilateral y anunciaron que podrían llevar el caso a instancias internacionales, pese a los antecedentes penales de los involucrados.
En la denuncia señalan como responsables a diversos integrantes del gabinete federal y del área de seguridad nacional, argumentando que estas acciones sientan un precedente en la relación México–Estados Unidos.
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