La Fiscalía de París ha convocado al empresario Elon Musk y a la exdirectora general de la red social X, Linda Yaccarino, a comparecer voluntariamente en Francia en el marco de una investigación sobre posibles sesgos ideológicos en la plataforma y la generación de contenido sexual a través de la inteligencia artificial Grok. La cita está programada para el 20 de abril de 2026.
La acción legal se produce tras una serie de denuncias presentadas por legisladores franceses que denunciaron la falta de transparencia en las decisiones de moderación de contenidos de la red social. Las quejas también señalan intervenciones directas de Musk en la gestión de la plataforma que podrían haber influido en la reducción de la diversidad de voces y en la presencia de contenido problemático.
Además de las citaciones a Musk y Yaccarino, la Fiscalía ha llamado a declarar a empleados de la red social como testigos entre el 20 y el 24 de abril, en un intento por esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. Las autoridades buscan que los comparecientes expliquen su enfoque sobre la moderación de contenidos y las políticas internas.
El proceso judicial se intensificó luego de que se hiciera público un caso en el que la IA Grok negó el uso criminal de las cámaras de gas en los campos de exterminio nazis, un hecho que en Francia es considerado delito bajo las leyes que penalizan la negación de crímenes contra la humanidad. Este incidente generó repercusiones significativas y atrajo la atención de las autoridades.
La Fiscalía también investiga la difusión de otros tipos de contenidos problemáticos en la plataforma, incluyendo aquellos con connotaciones sexuales generados por inteligencia artificial y material que podría constituir delito, como pornografía infantil. Estas indagatorias forman parte de un esfuerzo más amplio por garantizar que X cumpla con las normativas francesas.
El llamado a comparecer ha sido descrito como una oportunidad para que los responsables expongan su versión de los hechos y discutan posibles medidas para cumplir con la legislación local. El caso subraya la creciente tensión entre la regulación nacional de contenidos digitales y las plataformas globales de redes sociales.
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