La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que el presidente Donald Trump no contaba con facultades legales para imponer aranceles globales amparado en una ley de emergencia económica. El fallo responde a diversas impugnaciones promovidas por empresas y sectores comerciales que cuestionaron la legalidad de las tarifas aplicadas en meses recientes. Con esta resolución, el máximo tribunal delimita el alcance del poder Ejecutivo en materia comercial.
La controversia se originó cuando la Casa Blanca utilizó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para justificar la imposición de impuestos a importaciones de distintos países. La Corte concluyó que dicha legislación no otorga autoridad para establecer aranceles de manera generalizada, al considerar que la facultad de crear contribuciones corresponde al Congreso.
Como consecuencia inmediata, varios de los aranceles implementados bajo ese argumento fueron declarados inválidos. La decisión abre la puerta a posibles reclamaciones de compañías que pagaron gravámenes ahora considerados inconstitucionales, lo que podría traducirse en litigios y demandas de compensación millonarias contra el gobierno federal.
Horas después del fallo, el presidente reaccionó con una nueva orden ejecutiva que establece un arancel global temporal del 10 por ciento durante 150 días. Esta vez, la medida se sustenta en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición distinta que permite acciones comerciales de carácter provisional ante desequilibrios económicos.
El nuevo esquema contempla excepciones para ciertos productos, incluidos aquellos que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Analistas advierten que el choque entre poderes podría escalar y generar mayor incertidumbre en los mercados internacionales, al tiempo que reaviva el debate sobre los límites constitucionales del Ejecutivo en decisiones de alto impacto económico.
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