Entre 2023 y 2025, la Fiscalía General de la República asignó al menos 14 contratos para la destrucción de precursores químicos y drogas aseguradas en laboratorios clandestinos. El costo por cada instalación desmantelada osciló entre 345 mil y 1.4 millones de pesos, con un promedio cercano a 800 mil pesos por evento, de acuerdo con contratos consultados en la plataforma CompraMX. La obligación deriva del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
En 2023, diez contratos sumaron 14.1 millones de pesos para atender al menos 25 eventos vinculados con metanfetamina. Las empresas Comercializadora Ecológica de Occidente y Sistemas Integrales en Manejo de Residuos Industriales concentraron la mayoría de los servicios. Los montos variaron según volumen y riesgo: en Sinaloa, la destrucción de evidencia asociada a ocho carpetas costó 2.76 millones de pesos, equivalente a 345 mil por laboratorio.
En contraste, en Durango, el manejo de más de 11 millones de kilogramos y litros de precursores implicó un pago de 735 mil 823 pesos, debido a las medidas excepcionales para trasladar materiales desde la sierra de Tamazula hasta Culiacán. En Tapachula, Chiapas, la incineración de fentanilo líquido, mercurio y acetato de plomo alcanzó 1.45 millones de pesos por un solo evento.
El modelo cambió en octubre de 2024 con una licitación nacional que concentró el servicio en WASTE SERVICES, S.A. de C.V., mediante un contrato firmado el 21 de noviembre de 2024 por hasta 474.5 millones de pesos para 2025-2027. Un segundo contrato complementario elevó la bolsa total prevista a 679.9 millones de pesos para cubrir las 32 entidades federativas, con garantías financieras superiores a 216 millones.
La asignación ocurrió meses después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impusiera sanciones y clausuras temporales a empresas del sector por manejo inadecuado de residuos peligrosos. Al finalizar cada operativo, la responsabilidad ambiental de los químicos asegurados recae en la compañía contratada, que debe cumplir protocolos de neutralización, transporte y disposición final.
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