El 26 de febrero a las 12:00 horas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionará por primera vez fuera de su sede oficial en la Ciudad de México desde su instalación en 1917. La sesión extraordinaria se realizará en la explanada de la Casa de la Cultura del municipio de Tenejapa, en el estado de Chiapas, como parte de una política institucional que busca acercar la justicia constitucional a regiones con alta presencia indígena.
La determinación deriva de la reforma al Reglamento de Sesiones publicada el 4 de septiembre de 2025, que faculta al máximo tribunal a deliberar en territorio cuando existan causas de interés social. La Corte informó que la medida responde a solicitudes ciudadanas y de integrantes del Pleno, con el objetivo de fortalecer la legitimidad, la transparencia y el acceso efectivo a la justicia en comunidades históricamente excluidas.
En esta jornada se discutirán tres asuntos. El primero es el amparo en revisión 344 2025, promovido por la comunidad tsotsil de La Candelaria, que exige el reconocimiento formal de su sistema de autogobierno. El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, propone declarar la existencia de una omisión legislativa por parte del Congreso local al no emitir normas que desarrollen el derecho a la libre determinación previsto en el artículo 2 de la Constitución.
También se analizará la controversia constitucional presentada por la Presidencia de la República contra el Gobierno de Hidalgo, luego de que en 2024 declarara a la charrería patrimonio cultural intangible estatal. El proyecto, a cargo de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, sostiene que la entidad actuó dentro de su ámbito competencial y propone validar la declaratoria.
El tercer expediente, presentado por el ministro Arístides Guerrero García, corresponde a la comunidad rarámuri de Tehuerichi, en el municipio de Carichí, Chihuahua, que desde 2012 expide actas de nacimiento y defunción ante la ausencia de servicios estatales. La propuesta plantea reconocer la validez de esos documentos y ordenar la implementación de políticas interculturales que garanticen el derecho a la identidad.
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