La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo obtuvo sentencias condenatorias de 37 años y seis meses, así como de ocho años de prisión, en contra de dos hombres declarados penalmente responsables de los delitos de violación y abusos sexuales, respectivamente, en agravio de víctimas de identidad reservada. Los juicios orales se desarrollaron en el municipio de Othón P. Blanco.
En el primer caso, el sentenciado Gerardo Alfredo Flores Chablé fue hallado culpable del delito de violación por hechos ocurridos el 9 de abril de 2021, cuando la víctima tenía 13 años de edad.
De acuerdo con las investigaciones, la agresión se registró en una vivienda ubicada en la calle Apolinar Hernández, entre Enrique Ruiz Cortínez y J. Amorós, en la colonia Forjadores.
Tras lo sucedido, la menor informó a su madre, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad.
Derivado de la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente. El imputado fue detenido el 30 de mayo de 2024 y posteriormente enfrentó el proceso penal. En audiencia de juicio oral, el órgano jurisdiccional dictó sentencia condenatoria de 37 años y seis meses de prisión, además de imponerle una multa de 212 mil 847 pesos, el pago de 30 mil pesos por concepto de reparación del daño material y 10 mil pesos por daño moral.
En un segundo asunto, Jorge Abelardo Guillo Rosales recibió sentencia de ocho años de prisión por el delito de abusos sexuales, en hechos registrados el 24 de febrero de 2024 en un domicilio ubicado en la calle Ponciano Arriaga, entre José María Pino Suárez y avenida Universidad, en la colonia Nueva Reforma, en el mismo municipio de Othón P. Blanco. La víctima, cuya identidad permanece reservada, se encontraba dormida en una hamaca cuando el ahora sentenciado ingresó al inmueble y realizó tocamientos indebidos.
Al percatarse de la agresión, la afectada solicitó auxilio a su esposo, quien logró someter al agresor y reportó los hechos al número de emergencias 911, lo que permitió su puesta a disposición de las autoridades.
Tras el desahogo de pruebas en juicio oral, el juez determinó imponer, además de la pena privativa de la libertad, una multa de 108.57 pesos, al considerarlo primo delincuente y sin agravantes, así como el pago de 20 mil pesos por concepto de daño moral cualitativo.
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