El Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, a propuesta del gobierno del presidente Nayib Bukele. La medida fue avalada el 17 de marzo de 2026 con 59 votos a favor de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa.
La enmienda elimina la prohibición constitucional de aplicar penas perpetuas, que hasta ahora limitaba las condenas a un máximo de 60 años con posibilidad de reducción de sentencia. El presidente del Congreso, Ernesto Castro, confirmó la aprobación de la reforma durante la sesión legislativa.
Previo a la votación, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que la iniciativa busca endurecer las sanciones contra delitos de alto impacto. Precisó que la cadena perpetua se aplicará exclusivamente a homicidas, violadores y terroristas, en el contexto de la política de seguridad implementada por el actual gobierno.
El presidente Nayib Bukele se pronunció sobre la reforma a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que la discusión permitiría evidenciar qué actores políticos respaldan la medida. En su mensaje, destacó que la iniciativa pretende evitar que personas responsables de delitos graves recuperen su libertad.
La reforma se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño, caracterizada por medidas estrictas contra pandillas y el crimen organizado. Este modelo ha sido observado por otros países de América Latina, aunque también ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales.
Diversos juristas han cuestionado la política de seguridad de El Salvador y han señalado posibles violaciones a derechos humanos. No obstante, el gobierno mantiene su postura de reforzar el marco legal para combatir la violencia en el país.
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