La impunidad en México se mantiene en un 93%, de acuerdo con el informe “Radiografía de la Impunidad” elaborado por la organización México Evalúa, lo que evidencia que la mayoría de los delitos no llegan al sistema de justicia. El reporte fue presentado en 2026 y analiza el comportamiento de las fiscalías y tribunales en los últimos años, destacando que millones de víctimas permanecen sin acceso a justicia.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, señaló que aproximadamente el 93% de los delitos no se denuncian formalmente ante las fiscalías, lo que impide que los casos sean investigados. Esta cifra supera la de otros países con altos niveles de violencia, como Colombia, donde la “cifra oculta” de delitos es de 77%, según explicó la especialista.
El informe también documenta un incremento en el rezago de investigaciones. Entre 2019 y 2024, el número de casos pendientes se duplicó al pasar de 1.3 millones a 2.6 millones de expedientes. Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, indicó que este rezago acumulado ha crecido de manera constante, ya que miles de carpetas continúan abiertas y se arrastran año con año.
Entre las principales causas de la falta de denuncias, el 63% de las personas señala factores atribuibles a las instituciones, como miedo, desconfianza o la percepción de que denunciar no tiene utilidad. Esta situación limita la capacidad del sistema para procesar delitos y sancionar a los responsables.
Incluso en los casos que sí son denunciados, la probabilidad de resolución es baja. Más del 70% de los casos no se resuelve, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) analizados en el informe. A nivel nacional, la mitad de las carpetas de investigación se envía al archivo y el 33% se determina como no ejercicio de la acción penal.
El reporte también advierte problemas de transparencia, ya que más de 44 mil casos fueron clasificados como concluidos “por otras formas” sin detallar su destino. Esta falta de claridad impide la rendición de cuentas y dificulta evaluar el desempeño real de las instituciones de justicia en el país.
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