La presencia de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Ecuador se ha consolidado durante las últimas dos décadas, transformando al país sudamericano en un punto estratégico para sus operaciones, de acuerdo con reportes de seguridad y especialistas. Estas organizaciones no solo han extendido sus rutas de narcotráfico, sino que también han incursionado en nuevas actividades ilícitas, aprovechando debilidades institucionales y la ubicación geográfica del país.
El impacto de esta expansión se refleja en los niveles de violencia registrados en 2025, considerado el año más violento en la historia de Ecuador, con 10 mil 630 homicidios vinculados al crimen organizado, lo que equivale a un promedio mensual de 850 muertes. Autoridades y analistas coinciden en que este aumento está relacionado con la disputa entre grupos criminales, tanto locales como internacionales, por el control de rutas y mercados.
Los antecedentes de esta infiltración se remontan a 2003, cuando el entonces gobernador de Manabí, César Fernández, fue detenido transportando cocaína en una aeronave vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Posteriormente, figuras como el ex capitán del Ejército ecuatoriano, Telmo Castro, facilitaron la consolidación de rutas de tráfico entre Colombia y México. Tras las detenciones de Guzmán en 2014 y 2016, el CJNG amplió su presencia mediante alianzas con bandas locales como Los Lobos y Los Tiguerones, mientras que el Cártel de Sinaloa fortaleció vínculos con Los Choneros.
Entre 2021 y 2023, la violencia alcanzó niveles críticos con al menos 11 masacres en centros penitenciarios que dejaron más de 400 muertos, según testimonios de ex autoridades militares como Alexander Levoyer. En ese mismo periodo, se registraron secuestros, ataques a instalaciones policiales y actos considerados terroristas, lo que evidenció la capacidad operativa de estos grupos. El punto más alto de esta crisis fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 en Quito, crimen atribuido a estructuras vinculadas al crimen organizado.
Además del narcotráfico, los cárteles han diversificado sus fuentes de ingresos. De acuerdo con informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2025, estas organizaciones participan en esquemas de lavado de dinero mediante inversiones en criptomonedas como Bitcoin, así como en la minería ilegal de oro. Este metal, presente en 20 de las 24 provincias de Ecuador, es utilizado para exportaciones hacia mercados internacionales como Emiratos Árabes Unidos, India y Suiza, mediante empresas fachada que permiten integrar recursos ilícitos al sistema financiero.
Especialistas en seguridad señalan que estas redes criminales operan como estructuras transnacionales que combinan diversas actividades ilegales, desde tráfico de drogas y especies hasta trata de personas y extorsión. Este modelo, advierten, aprovecha las mismas rutas logísticas y redes de corrupción, lo que representa un desafío creciente para las autoridades ecuatorianas en su intento por contener la violencia y fortalecer sus instituciones.
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