El ciudadano quintanarroense Arnold Stivens Rosado Gómez presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, con el objetivo de garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
La propuesta, impulsada en el marco del Primer Parlamento para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, busca eliminar prácticas discriminatorias que históricamente han limitado el acceso de este sector de la población a servicios notariales, como la firma de contratos, testamentos o la adquisición de bienes.
Actualmente, la legislación vigente permite que las y los notarios realicen valoraciones subjetivas sobre la capacidad de las personas, lo que en la práctica puede traducirse en la negación de derechos fundamentales. Ante ello, la iniciativa plantea un cambio de paradigma: reconocer plenamente la capacidad jurídica de todas las personas, sin distinción.
Durante su intervención, Rosado Gómez subrayó que “la mayor barrera que enfrentan las personas con discapacidad no son las calles o las escaleras, sino la mirada indiferente y la inoperancia de las leyes que deberían protegerlas”, al tiempo que advirtió que el marco actual permite decisiones basadas en prejuicios.
Entre los principales ejes de la reforma destacan:
El reconocimiento de la capacidad jurídica plena de todas las personas.
La incorporación de ajustes razonables, lenguaje claro y formatos accesibles en los actos notariales.
La implementación de sistemas de apoyo y salvaguardias para garantizar que las personas puedan expresar su voluntad de manera libre e informada.
La prohibición de cualquier juicio subjetivo sobre la capacidad mental de quienes acuden a una notaría.
Asimismo, se establece que la función notarial deberá ejercerse bajo un enfoque de derechos humanos, inclusión y no discriminación, fortaleciendo así su papel como garante de la seguridad jurídica.
En ese sentido, el promovente enfatizó que “esta no es una petición de caridad, sino una transformación para que los actos notariales sean verdaderamente accesibles para todas las personas”.
Esta iniciativa se alinea con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce a este sector como sujeto pleno de derechos.
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