México ha intensificado su estrategia internacional para combatir el tráfico ilegal de armas, un fenómeno que alimenta la violencia en el país y que, de acuerdo con estimaciones oficiales, tiene su origen en un 74 por ciento en Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno analiza integrar a la demanda en curso contra fabricantes de armas el caso reciente de dos residentes de Arizona acusados por la justicia estadounidense de vender armamento a los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.
Este hecho representa un precedente relevante, ya que por primera vez autoridades estadounidenses procesan a particulares bajo cargos vinculados con el apoyo a organizaciones criminales mediante el suministro de armas de alto poder, incluyendo pistolas, ametralladoras semiautomáticas y rifles de gran calibre.
Desde 2021, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México emprendió acciones legales contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, señalando su responsabilidad en el flujo ilícito de armamento hacia territorio nacional.
No obstante, el camino legal ha enfrentado obstáculos, como la protección que otorga la legislación estadounidense a la industria armamentista, lo que ha limitado el avance de las demandas.
A pesar de ello, recientes resoluciones y posicionamientos internacionales, así como la tipificación del tráfico de armas como delito federal en Estados Unidos desde 2022, abren nuevas posibilidades para fortalecer la cooperación bilateral.
Sheinbaum subrayó que la relación entre ambos países debe asumirse como una responsabilidad compartida: mientras México combate el tráfico de drogas, Estados Unidos debe reforzar las acciones para frenar el flujo de armas hacia el sur.
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