La crisis de desapariciones en México ha escalado a un nivel de preocupación internacional luego de que, el 7 de abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtiera que este fenómeno podría constituir un crimen de lesa humanidad cometido de manera generalizada y sistemática.
El organismo solicitó que la situación del país sea remitida a la Asamblea General de la ONU, en un contexto donde se reportan más de 133,000 personas desaparecidas y al menos 28,880 casos entre enero de 2023 y abril de 2025, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El informe del CED señala que las desapariciones ocurren en diversas regiones del país y en distintos periodos, con casos documentados en Coahuila (2009-2016), Nayarit (2011-2017) y Veracruz (2010-2016). Sin embargo, también incluye datos recientes que evidencian la continuidad del problema. En estados como Jalisco, autoridades han procesado 205 fosas clandestinas en 19 municipios entre 2018 y 2025, con el hallazgo de 1,959 cuerpos. En Guanajuato, el número de personas desaparecidas se multiplicó por ocho entre 2017 y 2025, mientras que en Tabasco se reporta un incremento significativo en 2024 y 2025, con niñas y jóvenes entre las principales víctimas.
El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó las conclusiones del informe al argumentar que las desapariciones no responden a una política de Estado, sino a acciones del crimen organizado. La mandataria sostuvo que el análisis del CED se basa en casos de administraciones anteriores y defendió las acciones implementadas desde 2018. No obstante, el organismo internacional subraya que persisten condiciones estructurales que permiten la comisión del delito, incluyendo la posible participación o aquiescencia de autoridades locales, estatales y federales.
El documento también destaca problemas institucionales como la falta de investigaciones efectivas, una crisis forense prolongada y niveles de impunidad cercanos al total, lo que ha impedido sancionar a responsables de alto nivel. Asimismo, advierte que en algunos casos se han documentado prácticas como detenciones ilegales por parte de autoridades que derivan en desapariciones, así como el uso de recursos públicos, vehículos e instalaciones oficiales, para la comisión de estos delitos.
De acuerdo con el CED, en 2025 tres entidades concentraban el 37% de las fosas clandestinas del país: Sonora (972), Veracruz (523) y Tamaulipas (541). El informe menciona también casos emblemáticos como el del Rancho Izaguirre en Jalisco, presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de adiestramiento, donde colectivos de búsqueda localizaron pertenencias de personas desaparecidas. En este caso, se identificó la posible participación de exfuncionarios públicos en actividades vinculadas al crimen organizado.
La ONU reconoce avances normativos e institucionales, como la creación de fiscalías especializadas, pero advierte que estos han sido insuficientes frente a la magnitud del problema.
Especialistas como la abogada Melissa Ayala señalan que el informe no representa una condena, sino un diagnóstico que podría facilitar cooperación internacional. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de México ha sido interpretada por algunas voces como una oportunidad desaprovechada para fortalecer las estrategias de búsqueda, justicia y atención a víctimas en una crisis que se remonta, al menos, a la estrategia de seguridad iniciada en 2006 durante el gobierno de Felipe Calderón.
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