El uso de la fracturación hidráulica, conocida como fracking, volvió al centro del debate público en México, luego de que la Alianza Mexicana contra el Fracking, junto con más de 70 organizaciones civiles, advirtiera al gobierno federal que “no existe fracking sustentable”. La técnica consiste en inyectar agua, arena y químicos a alta presión en rocas de esquisto para liberar gas y petróleo, lo que ha incrementado la producción energética en diversos países, pero también ha generado controversia por sus impactos ambientales.
En un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los colectivos recordaron el compromiso previo de no impulsar este tipo de proyectos en el país. Señalaron que recientes anuncios sobre la posible explotación de gas no convencional y la creación de un comité científico representan un “giro político” que contradice dichas promesas.
Las organizaciones argumentaron que el gas fósil, cuyo principal componente es el metano, contribuye al calentamiento global y frena una transición energética efectiva. Además, indicaron que existen más de 2 mil 300 estudios científicos que documentan riesgos asociados al fracking, incluyendo contaminación de acuíferos, afectaciones a la salud pública y aumento en la actividad sísmica.
En términos de recursos, advirtieron que esta técnica implica un alto consumo de agua y costos elevados, incluso si se emplean fuentes tratadas. De acuerdo con proyecciones oficiales, para 2035 la producción de gas en México alcanzaría cerca de 4 mil 988 millones de pies cúbicos diarios, cifra inferior al consumo actual estimado en 9 mil millones, lo que cuestiona su viabilidad como solución energética.
El comunicado también retomó antecedentes recientes en zonas del Golfo de México y Veracruz, donde incidentes como derrames y explosiones han afectado a comunidades locales. En este contexto, las organizaciones señalaron que expandir la explotación de gas podría agravar impactos sociales, especialmente en territorios indígenas y campesinos.
Finalmente, subrayaron que organismos internacionales han llamado a reducir la dependencia de combustibles fósiles, e incluso prohibir el fracking, por lo que instaron al gobierno mexicano a alinear su política energética con compromisos climáticos y de derechos humanos.
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