La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la llamada “cifra negra” de delitos en México supera el 95%, lo que significa que la mayoría de los ilícitos no son denunciados ni llegan al conocimiento de las autoridades. La declaración se realizó durante la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 ante comisiones del Senado de la República.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción ciudadana confirma que un alto porcentaje de personas víctimas de delitos decide no acudir a las fiscalías. “Fui víctima de un delito, pero no fui a decirle a la fiscalía”, ejemplificó la funcionaria al explicar el fenómeno.
Durante su comparecencia en la Cámara de Senadores, Godoy Ramos señaló que uno de los principales retos del sistema de procuración de justicia es la debilidad de las investigaciones ministeriales, ya que incluso cuando los casos llegan ante un juez, no siempre se logra una sentencia condenatoria. Ante este contexto, el plan contempla incrementar el número de carpetas judicializadas y fortalecer la Agencia de Investigación Criminal.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que la estrategia también incluye un cambio de enfoque hacia la “macrocriminalidad”, con el objetivo de analizar delitos como el robo de hidrocarburos, la extorsión y el contrabando como fenómenos estructurales y no como hechos aislados, lo que permitirá una atención más integral.
En el mismo espacio, la senadora Guadalupe Murguía, del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió sobre la necesidad de garantizar una autonomía real de la FGR, con el fin de evitar el uso político de la procuración de justicia. Señaló que las decisiones institucionales deben mantenerse alejadas de criterios partidistas para no afectar los resultados.
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 fue aprobado por la Comisión de Justicia del Senado con 12 votos a favor y una abstención, y posteriormente fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara Alta para su análisis correspondiente.
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