México se ubicó en el lugar 121 de 143 países y jurisdicciones en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), con una puntuación de 0.40, lo que representa una caída de dos posiciones respecto a la medición anterior.
El resultado coloca al país por debajo del promedio mundial, que fue de 0.55, así como del promedio de América Latina y el Caribe, de 0.51. En la región, México ocupó el lugar 28 de 32, mientras que dentro de su grupo de ingresos se ubicó en la posición 38 de 41.
El índice evalúa factores relacionados con el funcionamiento institucional, entre ellos ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. De acuerdo con especialistas consultados, estos indicadores también tienen efectos en situaciones cotidianas como trámites, acceso a servicios, denuncias y resolución de conflictos.
Entre los principales rezagos se encuentra la justicia penal, rubro en el que México ocupó el lugar 135 de 143, mientras que en ausencia de corrupción se ubicó en el sitio 134. Natalia Campos, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que las dificultades en estas áreas pueden afectar la capacidad de las instituciones para investigar delitos, resolver conflictos y garantizar procedimientos imparciales.
En contraste, Gobierno abierto fue el componente con mejor posición para México, al ocupar el lugar 54 de 143. Este apartado considera elementos como transparencia, acceso a la información y participación ciudadana. Sin embargo, la especialista señaló que la existencia de mecanismos de información pública no necesariamente implica una mayor participación o rendición de cuentas.
Respecto a la reforma al Poder Judicial, Campos señaló que no es posible atribuirle el deterioro registrado en el índice, debido a que la medición corresponde a 2025. Por ello, los posibles efectos de los cambios judiciales deberán analizarse en futuras ediciones. El WJP reportó además que 68 por ciento de los países evaluados registró un deterioro en su Estado de Derecho durante 2025.
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