Organizaciones ambientalistas pidieron revisar los proyectos inmobiliarios y turísticos ubicados en zonas costeras de Quintana Roo que han sido sometidos a procedimientos de evaluación ambiental estatal, luego de que un juzgado de distrito determinó que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) carecía de competencia para autorizar el proyecto ALUX 33, en Puerto Morelos.
El caso está relacionado con las características del sitio donde se pretende desarrollar el complejo, al existir interacción con un ecosistema costero de manglar. De acuerdo con las organizaciones, el tribunal determinó que la evaluación ambiental de este tipo de ecosistemas corresponde a la autoridad federal conforme a la legislación vigente.
Ante la resolución, la propia SEMA se declaró “legalmente incompetente” para conocer y resolver la solicitud relacionada con ALUX 33. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas), Grupo Gema y Puerto Morelos Sustentable señalaron que el criterio establecido por el juzgado representa un precedente para la evaluación de proyectos ubicados en zonas costeras.
Las organizaciones cuestionaron además que, a su consideración, éste no sería un caso aislado de posibles invasiones de competencias federales, falta de transparencia u obstáculos para la participación ciudadana en procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Por ello, plantearon revisar cuántos proyectos de las costas de Quintana Roo pudieron haber sido evaluados mediante procedimientos estatales pese a las características de los ecosistemas involucrados.
Entre los proyectos que pidieron analizar mencionaron SOLE BLUE, en Puerto Morelos, y LECAGY, en Playa del Carmen, al señalar que existen antecedentes de autorizaciones y procedimientos ambientales estatales que deberían revisarse a partir del criterio establecido por el Juzgado Noveno.
Las organizaciones consideraron que la resolución también representa una oportunidad para fortalecer la legislación ambiental. En particular, plantearon que la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente debería establecer que ningún mecanismo de regulación pueda utilizarse para validar una autorización emitida por una autoridad que carezca de competencia, ni para sustituir la evaluación ambiental que corresponda realizar a la instancia federal.
Con información de La Jornada
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