El doble feminicidio de una mujer de 36 años y su hija de 16, ocurrido en Chetumal, generó cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia contra las mujeres en Quintana Roo. La abogada Yunitzilim Rodríguez Pedraza señaló presuntas omisiones en la aplicación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), así como deficiencias en los mecanismos de prevención y supervisión policial.
De acuerdo con información publicada por Animal Político Quintana Roo, el presunto agresor era Donaciano “N”, un elemento de Tránsito en activo que habría acudido al domicilio a bordo de la patrulla oficial 11028. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió inicialmente la carpeta FGE/QROO/OPB/10/5740/2026 por el delito de homicidio, según el reporte periodístico. Posteriormente, la Fiscalía confirmó que investigaba el caso como doble feminicidio, seguido del suicidio del agente.
Rodríguez Pedraza, abogada e integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a la AVGM, sostuvo que las muertes violentas de mujeres deben investigarse inicialmente bajo el protocolo de feminicidio, de acuerdo con la legislación aplicable. A su juicio, clasificar estos hechos de otra manera sin agotar las líneas de investigación puede afectar el registro de la violencia y la confianza en las instituciones. Sus declaraciones constituyen señalamientos sobre la actuación institucional y no una resolución judicial sobre posibles responsabilidades de funcionarios.
La especialista también cuestionó la falta de pronunciamientos públicos de autoridades estatales y municipales tras el caso. La declaratoria de la AVGM para Quintana Roo incluye medidas de visibilización y cero tolerancia frente a la violencia feminicida. Rodríguez Pedraza afirmó que la ausencia de mensajes institucionales contribuye a normalizar la violencia y pidió que las autoridades expliquen las acciones adoptadas para atender la situación.
Otro de los puntos expuestos por la abogada fue la supervisión del personal policial, el acceso a atención psicológica y el control de armas de fuego de las corporaciones. Durante la entrevista, refirió casos que, según dijo, involucran a policías señalados o condenados por conductas violentas que continuarían desempeñando funciones. Estas afirmaciones requieren revisión individual de los expedientes y respuestas de las instituciones mencionadas.
El caso también reavivó las exigencias de organizaciones feministas para mejorar la atención a víctimas y sus familias, así como los protocolos de investigación con perspectiva de género. Rodríguez Pedraza pidió que los recursos públicos destinados a prevención, investigación y atención de la violencia se utilicen de manera efectiva. La Fiscalía, por su parte, informó que realizó diligencias periciales y análisis de videograbaciones para establecer la mecánica de los hechos.
Con información de Haidé Serrano – Animal Político
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