La agencia calificadora Moody’s lanzó una nueva advertencia a las futuras autoridades del país sobre la propuesta de legisladores del partido político Morena que plantea una nueva ley que subordinaría a la Secretaría de Energía a los dos reguladores principales de la energía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
“La autonomía de la CRE y la CNH fue un pilar importante de la reforma energética de 2013 que abrió el sector energético de México a la inversión privada. La ley propuesta sería un paso hacia atrás y afectaría la calidad crediticia soberana de México al socavar nuestra evaluación de su fortaleza institucional”, afirmó.
En un comunicado, señaló que la subordinación regulatoria de la CRE y la CNH, actualmente independientes y autónomas, también debilitaría el marco institucional del gobierno de México (A3 estable), un factor importante en nuestro análisis de su capacidad crediticia.
“La propuesta de los aliados del Congreso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendría varias implicaciones negativas para los sectores petroleros y de energía de México si se aprobara tal como se presentó, erosionando la transparencia e imparcialidad regulatoria en la industria de la energía y, por lo tanto, generando una mayor incertidumbre y aumentando el riesgo empresarial”, lanzó.
Moody’s dijo que el cambio al marco regulatorio también erosionaría la confianza de los inversionistas, generando dudas sobre la consistencia y la previsibilidad de las políticas del nuevo gobierno.
“El gobierno entrante busca reducir la burocracia percibida, con el objetivo de acelerar las aprobaciones para nuevas inversiones en el sector energético mexicano.
“Sin embargo, la subordinación de los reguladores a la agenda del gobierno aumenta el riesgo empresarial para la industria de la energía en México para proteger los contratos existentes y evitar conflictos de intereses entre las agendas fiscales y políticas a corto plazo del gobierno y la gestión adecuada de los negocios y activos energéticos”, sostuvo.
La nueva ley también debilita el intercambio transparente y correcto de información entre los participantes de la industria, incluidos los controlados por el gobierno, como la compañía petrolera nacional Petróleos Mexicanos (PEMEX, Baa3 estable) y la principal compañía eléctrica Comision Federal de Eletricidad (CFE, Baa1 estable).
“El sector energético depende en gran medida de grandes cantidades de capital para desarrollar proyectos a largo plazo en términos de construcción y rendimiento de la inversión. La falta de un marco regulatorio claro para respaldar las inversiones a largo plazo más allá de las agendas políticas de los gobiernos a corto plazo desalentaría el interés privado para desarrollar los sectores del petróleo, el gas natural y la electricidad”, subrayó.
La agencia calificadora expuso que la inversión no gubernamental es particularmente importante en México, tiene grandes recursos naturales, así como importantes necesidades de energía, pero carece de capital suficiente para invertir.
“México ha tenido que importar aproximadamente el 65 por ciento de sus necesidades de combustible y gas natural para 2018. El entorno regulatorio estable y predecible de hoy apoya las decisiones comerciales a largo plazo sobre cuánto y dónde invertir, así como la gestión adecuada de los recursos naturales, los activos y el capital”, refirió.
Las empresas estatales como PEMEX y CFE tienen un capital limitado, por lo que -añadió- una menor autonomía regulatoria, la transparencia y la imparcialidad reducirían el apetito por la inversión privada en los sectores del petróleo y la energía en México, lo que a su vez podría aumentar la ya alta dependencia del país en el combustible importado, el gas natural y, eventualmente, también el petróleo.
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