En un paso significativo hacia la transformación del acceso a la justicia, el Senado avaló una reforma a la Ley de Amparo que busca clarificar procesos y brindar mayor certeza jurídica para las personas. El dictamen contempla ajustes relevantes derivados de audiencias públicas donde se escucharon distintas voces de la sociedad.
La reforma incluye plazos definidos para audiencias, con el objetivo de reducir la prolongación de procesos judiciales. También incorpora medidas para evitar litigios innecesarios y establece requisitos más claros para obtener suspensiones en casos fiscales, buscando que los recursos se utilicen de forma eficiente.
Uno de los cambios más relevantes amplía de 60 a 90 días el plazo para que los jueces dicten sentencia en amparo indirecto, y extiende de tres a cinco días el plazo para que las personas exhiban garantías en procesos penales que afectan la libertad personal. Esto reconoce los retos que enfrentan grupos vulnerables para cumplir con requisitos legales.
La reforma elimina disposiciones que limitaban la imposición de sanciones a autoridades que incumplan sentencias, manteniendo así un mecanismo clave para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos. El proceso de aprobación contó con voces diversas, desde legisladores hasta ciudadanos, que aportaron distintas perspectivas.
La iniciativa será sometida al pleno del Senado en las próximas horas, con miras a consolidar un cambio que pretende hacer más accesible la justicia para la sociedad. El debate continuará abierto, mientras la reforma avanza hacia su definición final.
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