El Gobierno federal y los 32 estados aprobaron este jueves un Acuerdo Nacional para fortalecer la estrategia contra la extorsión, el único delito de alto impacto que mantiene una tendencia al alza en México. En noviembre de 2025, las denuncias aumentaron 23.1% según cifras oficiales, lo que llevó a las autoridades a replantear el modelo de investigación y persecución.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la extorsión será reclasificada como delito federal, lo que permitirá a la Fiscalía General de la República atraer casos y perseguirlos de oficio. El objetivo es evitar que la carga del proceso recaiga en las víctimas, muchas de las cuales no denuncian por temor, presiones económicas o desconfianza institucional.
Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario Omar García Harfuch detalló que la estrategia contempla armonización legislativa en los estados, creación de unidades especializadas, fortalecimiento del número 089 y un manual nacional para unificar protocolos de denuncia, investigación y persecución. También se mejorará la coordinación entre fiscalías estatales y cuerpos policiales.
Como parte de la reforma, las penas por extorsión podrían alcanzar hasta 42 años de prisión, resultado de la acumulación de agravantes previstas en la ley. El endurecimiento de sanciones busca inhibir un delito que afecta tanto a ciudadanos como a comercios y cadenas productivas, y cuya incidencia se ha disparado en los últimos años.
El modelo pretende garantizar procesos menos burocráticos y rutas claras de atención para quienes son víctimas. No obstante, especialistas advierten que el impacto real dependerá de la implementación en cada entidad y de la capacidad operativa de las fiscalías, que deberán absorber una carga mayor de investigación a partir del cambio normativo.
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