La Fiscalía General de la República informó esta semana la condena a 10 años de prisión contra José Alberto Arias Romero, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de amenazas mediante un mensaje enviado por WhatsApp el 27 de julio de 2025.
De acuerdo con la investigación, el acusado envió un texto en el que advertía sobre la colocación de un supuesto artefacto explosivo que detonaría en 54 horas. El mensaje fue recibido por la Gerencia de Atención Virtual de la Defensoría del Consumidor, lo que activó un operativo de seguridad en el polígono industrial de Antiguo Cuscatlán.
El procedimiento incluyó la evacuación de las instalaciones de la Defensoría del Consumidor y del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil realizó inspecciones preventivas para descartar riesgos.
La fiscalía determinó que Arias Romero pretendía enviar la amenaza a la Asamblea Legislativa, pero cometió un error en el destinatario. El caso fue procesado en el Juzgado de Sentencia de La Unión, donde se emitió la condena tras la audiencia pública.
Las autoridades no detallaron si se encontró algún artefacto explosivo durante el operativo. Este caso se suma a antecedentes como el atentado con coche bomba de 2015 y otros hechos relacionados con amenazas a instituciones públicas en el país.
La resolución busca reforzar la respuesta institucional ante este tipo de delitos, considerados de alto impacto por su capacidad de generar alarma social y movilización de recursos de seguridad.
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