El día de ayer el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rendir declaración por las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos, que señalan a funcionarios sinaloenses de presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La comparecencia forma parte de una investigación que involucra a diez personas, entre funcionarios y exfuncionarios estatales.
El primero en presentarse ante la FGR fue Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia de Sinaloa, quien confirmó que acudió para atender los requerimientos de las autoridades mexicanas. Al salir de las instalaciones, rechazó los señalamientos en su contra y afirmó que colaborará con las investigaciones. Castro evitó precisar si compareció en calidad de testigo o imputado, argumentando que debía respetar la integración de la carpeta de investigación.
Horas después llegó Rubén Rocha Moya, quien confirmó su asistencia mediante un mensaje difundido en redes sociales. El mandatario con licencia aseguró que confía en el sistema judicial mexicano y afirmó que responderá a todos los llamados de las autoridades. “Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, escribió. Posteriormente acudió el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien evitó declaraciones ante medios y abandonó las instalaciones alrededor de las 10:00 horas.
La investigación también alcanzó a exfuncionarios que ya se encuentran en Estados Unidos. Entre ellos está Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien se entregó el pasado 11 de mayo en la garita de Nogales, Arizona, tras salir de México desde Hermosillo, Sonora. Asimismo, reportes indican que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, también se entregó a autoridades estadounidenses en Nueva York luego de que se solicitara su detención provisional con fines de extradición.
En las próximas horas podrían comparecer otros señalados, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cazárez, Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, y José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal. El caso se desarrolla en un contexto de presión bilateral entre México y Estados Unidos para combatir las estructuras del narcotráfico vinculadas al Cártel de Sinaloa y particularmente a la facción identificada como Los Chapitos.






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