La organización civil Causa en Común alertó sobre una crisis estructural en las fiscalías mexicanas al revelar que existen al menos 4.7 millones de expedientes pendientes de resolución en el país. La cifra fue presentada en el informe “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías”, difundido durante mayo de 2026.
De acuerdo con el documento, al cierre de 2024 las fiscalías acumulaban más de 2.1 millones de carpetas de investigación sin avances significativos, además de millones de expedientes rezagados. El reporte sostiene que las instituciones encargadas de procurar justicia continúan operando con falta de autonomía y presuntas presiones políticas que limitan su funcionamiento.
El informe detalla que cada ministerio público atendió en promedio 258 carpetas de investigación simultáneamente durante 2024. Algunas entidades superaron ampliamente esa media nacional. Jalisco registró 896 carpetas por agente ministerial; Aguascalientes reportó 724; mientras que Baja California alcanzó 550 expedientes por funcionario.
La organización también denunció condiciones laborales deficientes para el personal de fiscalías estatales. Según el reporte, solo alrededor del 30% del personal cuenta con seguro de vida y apenas el 21% tiene acceso a seguro de retiro. Además, miles de policías de investigación, ministerios públicos y peritos carecerían de certificaciones básicas para desempeñar sus funciones.
En materia forense, el informe advierte que México mantiene una crisis de desapariciones e identificación humana. La organización señaló que el país supera las 130 mil personas desaparecidas y acusó a la Fiscalía General de la República de no presentar todavía un Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. Durante 2024 ingresaron más de 100 mil cadáveres a servicios forenses estatales, mientras crecieron las solicitudes pendientes de intervención pericial.
Causa en Común propuso fortalecer las capacidades de investigación, homologar procesos de capacitación, mejorar salarios y aumentar el presupuesto destinado a fiscalías y servicios periciales.
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