La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió los lineamientos propuestos para proteger los derechos de las audiencias de radio y televisión. Desde Palacio Nacional, afirmó que la iniciativa busca fortalecer el derecho a la información y no crear un mecanismo de censura.
El proyecto está en consulta pública desde el 27 de julio y hasta el 21 de agosto de 2026, a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La propuesta ha generado críticas de medios, especialistas, organizaciones civiles y grupos de oposición, que advierten posibles riesgos para la libertad de expresión.
Uno de los puntos que ha concentrado el debate es la obligación de distinguir entre información y opinión. Quienes cuestionan la medida consideran que podría afectar decisiones editoriales; el Gobierno sostiene que busca dar claridad a las audiencias sobre el tipo de contenido que reciben.
Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo federal, explicó que las sanciones previstas no se aplicarían por contenidos periodísticos. Señaló que las consecuencias administrativas estarían relacionadas con no contar con un código de ética, no designar una persona defensora de las audiencias o no habilitar mecanismos para recibir quejas.
Sheinbaum afirmó que los medios deben contar con códigos de ética para garantizar el derecho a la información, del mismo modo que las autoridades tienen obligaciones de transparencia.
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