No todas las personas que piden dinero en la calle lo hacen por decisión propia. En México, la explotación de la mendicidad ajena está contemplada como una modalidad de trata de personas cuando alguien obliga a otra persona a pedir limosna mediante amenazas, fuerza, coacción o engaño.
El artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas establece que quien obtenga un beneficio al obligar a una persona a realizar actos de mendicidad puede recibir una pena de cuatro a nueve años de prisión y de 500 a 20 mil días multa. Cuando la víctima pertenece a un grupo considerado especialmente vulnerable, la sanción aumenta a entre nueve y 15 años de prisión y de mil a 25 mil días multa.
Entre las posibles víctimas se encuentran niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mayores de 60 años, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas migrantes, mujeres embarazadas y personas con lesiones o enfermedades, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación y la legislación en materia de trata.
José Luis Belmont, secretario técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que actualmente no existen estadísticas claras que permitan conocer cuántas personas son víctimas de mendicidad forzada en México. Las referencias disponibles provienen principalmente de estudios internacionales; uno de ellos, elaborado con cifras de 2018, estimó que 1% de las víctimas de trata a nivel mundial fue obligado a mendigar. El especialista aclaró que esta cifra corresponde a casos identificados y no necesariamente representa la dimensión real del fenómeno.
Entre las señales de alerta se encuentran patrones como personas que son llevadas o recogidas diariamente por terceros en horarios determinados, menores que permanecen inmóviles o adormecidos durante largos periodos, o personas con problemas de salud visibles que no reciben atención. Sin embargo, estos elementos no significan por sí mismos que exista trata, ya que las razones por las que una persona solicita dinero pueden estar relacionadas con pobreza, vulnerabilidad u otras circunstancias. Por ello, el especialista llamó a evitar la estigmatización y analizar cada situación de manera particular.
Ante una emergencia o posibles indicios de mendicidad forzada, se puede reportar a la Línea Nacional contra la Trata de Personas: 01 800 5533 000, además de acudir a una fiscalía o a organismos de derechos humanos. Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes, también puede solicitarse la intervención del DIF y de las instituciones locales de protección de la infancia. El especialista señaló que hacen falta mayores investigaciones, recomendaciones de organismos de derechos humanos y políticas públicas específicas para atender este fenómeno.
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