El Senado aprobó cambios a la Ley General de Turismo para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y destinos turísticos. La reforma incorpora las fracciones X Bis y X Ter al artículo 58 y fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Las nuevas disposiciones obligan a hoteles, moteles, alojamientos contratados por plataformas digitales y empresas de transporte turístico a pedir documentos oficiales a las personas adultas que viajen con menores. La documentación deberá acreditar parentesco, patria potestad, tutela o custodia legal.
Si no se presenta la documentación requerida, los establecimientos y empresas deberán negar el servicio y reportar oportunamente el caso a las autoridades investigadoras cuando sospechen que se cometió un delito. También deberán aplicar protocolos y medidas preventivas para detectar riesgos en espacios físicos y electrónicos.
El dictamen citado en el material expone la dimensión del problema
Estimaciones del DIF Nacional señalan que alrededor de 17 mil menores sufren explotación sexual en al menos 22 entidades, y que más de 16 mil niñas y niños están en situación de prostitución, principalmente en destinos turísticos. De cada 100 carpetas de investigación por este delito, solo una concluye en sentencia.
La Red por los Derechos de la Infancia en México estima que el 36% de los clientes o agresores proviene del extranjero. Entre los países con mayor presencia figuran Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda y Alemania.
La nueva ley exige además implementar protocolos y acciones preventivas diseñados por las autoridades para detectar situaciones de riesgo en medios físicos y electrónicos. Con ello se busca frenar a delincuentes que se trasladan a centros vacacionales haciéndose pasar por turistas para contactar a menores.
Con información de El Economista.
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