Violencia política contra las mujeres persiste pese a los avances en paridad

A 73 años del reconocimiento del voto de las mujeres en México, la violencia política continúa siendo un obstáculo para quienes buscan ocupar cargos públicos. Un estudio de ONU Mujeres señala que cerca del 96% de las candidatas legislativas participantes reportó haber enfrentado al menos una forma de violencia durante sus campañas electorales.

De acuerdo con los datos del estudio, el 95.3% de las candidatas federales y el 95.9% de las estatales señalaron haber experimentado alguna agresión. Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México, advirtió que estos resultados evidencian la persistencia de prácticas que limitan el ejercicio libre y autónomo de los derechos políticos de las mujeres.

La denuncia de estos hechos también representa un desafío. Según las cifras presentadas, solo 18 de cada 100 mujeres afectadas reportan la violencia y apenas cuatro obtienen una resolución favorable. Además, alrededor de la mitad de las candidatas legislativas participantes manifestó haber sufrido agresiones dentro de sus propios partidos políticos.

Entre quienes reportaron violencia intrapartidista, aproximadamente seis de cada diez identificaron a integrantes de las dirigencias partidistas entre las personas responsables. En el caso de las candidatas indígenas, la violencia económica fue señalada como una barrera por el 77%, mientras que el acoso digital también figura entre las formas de agresión registradas.

Ante este panorama, Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), destacó la importancia de revisar las condiciones que enfrentan las mujeres después de obtener una candidatura. “No basta con abrir una puerta y decirles a las mujeres que pueden entrar. Tenemos que revisar qué sucede después”, expresó.

Pese a las agresiones reportadas, el 83.6% de las participantes afirmó que volvería a competir por un cargo público. Los resultados subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y atención para garantizar que la participación política de las mujeres se desarrolle en condiciones de seguridad y sin violencia.

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