El Gobierno de México rechazó la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU) sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, durante una sesión de la Asamblea General.
La postura fue expresada por Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de la intervención del presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro.
Durante su participación, Albán Alencastro informó que, tras analizar la información proporcionada por el Estado mexicano y los testimonios de víctimas y organizaciones civiles, el Comité encontró indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, así como elementos que apuntan a la persistencia de esta práctica. También señaló problemas estructurales en la respuesta institucional y destacó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas supera las 135 mil personas.
El presidente del Comité sostuvo que el procedimiento previsto en el artículo 34 permite llevar ante la Asamblea General situaciones en las que existan indicios fundamentados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática. Ante este escenario, llamó a los Estados miembros a considerar mecanismos de cooperación y apoyo internacional para fortalecer las labores de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, análisis forense y protección de las víctimas y sus familias.
Por su parte, Medina Padilla expuso las acciones emprendidas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellas la conformación de un grupo de expertos para realizar una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Medina Padilla destacó la cooperación con Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala en materia de identificación humana, así como el trabajo conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el funcionario, la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas permitió localizar a 16 mil personas durante 2026.
La sesión también generó cuestionamientos por la exclusión de familiares de personas desaparecidas que exhibían fotografías de sus seres queridos. A través de su cuenta en X, Albán Alencastro denunció que fueron retirados de la sala y señaló que su presencia merecía respeto y disposición para escuchar sus demandas. El presidente del Comité advirtió que el procedimiento no debe quedar supeditado a cálculos políticos o consideraciones diplomáticas, y llamó a mantener una discusión orientada a resultados concretos.
El funcionario mexicano reiteró que el compromiso del Gobierno federal es localizar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de sus familias.
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