La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró 27 sitios en Quintana Roo tras detectar el desmonte de 331.9 hectáreas de selva sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Los operativos se realizaron del 20 al 29 de octubre de 2026 en los municipios de José María Morelos, Benito Juárez y Bacalar.
La mayor afectación se localizó en el ejido San Isidro Poniente, en José María Morelos, donde 25 predios concentraron 329.8 hectáreas de selva baja y mediana subperennifolia removida. De esa superficie, 304.8 hectáreas corresponden a 22 polígonos inspeccionados el 21 de octubre, mientras que otras 24.9 hectáreas fueron identificadas en tres terrenos revisados el día 29. En ninguno se presentó autorización federal para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Durante las inspecciones, el Comisariado Ejidal manifestó que la remoción de vegetación habría sido realizada por integrantes de un grupo menonita de la región. La Profepa indicó que esta versión, así como los derechos ejidales y de usufructo relacionados con los terrenos, será revisada dentro del procedimiento administrativo correspondiente.
En Cancún, el 23 de octubre, la dependencia clausuró un predio ubicado en el Polígono Sur, municipio de Benito Juárez, donde detectó la eliminación de vegetación secundaria en 2.09 hectáreas sin el permiso federal correspondiente. En Bacalar, el 20 de octubre, también colocó sellos de clausura en el proyecto Restaurante Los Rápidos, colindante con la laguna, como parte del seguimiento a un procedimiento en materia de impacto ambiental.
La Profepa precisó que las clausuras son medidas temporales para detener las afectaciones mientras se desarrollan los procedimientos administrativos. Las posibles responsabilidades, sanciones y medidas de restauración se determinarán una vez concluidas las investigaciones. Entre los impactos asociados al desmonte sin autorización se encuentran la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo y la fragmentación de hábitats.
Los operativos se suman a acciones realizadas en 2025 contra desmontes en la región. A mediados de ese año, la Profepa informó sobre la clausura de siete predios en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, donde se reportaron más de 2 mil 608.9 hectáreas afectadas. En Quintana Roo, las inspecciones incluyeron terrenos en José María Morelos y Othón P. Blanco, como los ejidos Piedras Negras y Juan Sarabia, donde se detectó cambio de uso de suelo sin autorización y, en uno de los casos, se aseguraron tractores, maquinaria agrícola y otros equipos.
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