¿Hasta 40 años de cárcel? Abogado advierte posibles penas para Guadalupe Taddei por caso de contratos del INE

El abogado constitucionalista José Mario de la Garza Marroquín advirtió que Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión si se le acreditaran delitos como cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el contexto de los señalamientos por presuntas irregularidades en contratos del organismo electoral.

Taddei encabezó el Consejo General del INE desde abril de 2023 y fue la primera mujer en ocupar la presidencia de esta institución, encargada de organizar las elecciones federales y coordinar los procesos electorales en el país. El 26 de octubre de 2026 presentó su renuncia al cargo, en medio de cuestionamientos públicos por posibles conflictos de interés y presuntos vínculos con proveedores del instituto.

La controversia se relaciona con contratos millonarios otorgados a empresas proveedoras de material electoral, así como con señalamientos sobre una posible cercanía entre Taddei, integrantes de su entorno familiar y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con compañías que han obtenido contratos del INE.

El 27 de octubre, el Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos como cohecho, peculado, uso ilícito de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por su parte, el partido Somos también pidió investigar posibles anomalías en las contrataciones.

En entrevista con Uno TV, De la Garza Marroquín explicó que el cohecho, relacionado con recibir dinero a cambio de otorgar beneficios en contratos, podría implicar hasta 14 años de prisión. Sin embargo, señaló que la acumulación de otros delitos, como asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita, podría elevar la pena hasta 30 o 40 años. “Si le acumulas otros delitos, como puede ser asociación delictuosa, uso de recursos de procedencia ilícita, pues la pena podría ser de 30, 40 años de prisión”, afirmó.

El abogado también advirtió que las posibles irregularidades podrían atenderse únicamente por la vía administrativa, mediante sanciones relacionadas con contrataciones públicas, conflictos de interés, desvío o falta de comprobación de recursos y uso de documentación alterada. En ese escenario, podrían imponerse multas o inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, sin que necesariamente se llegue a un proceso penal. De la Garza expresó preocupación por que una sanción administrativa se presente como el cierre definitivo del caso.

Hasta el momento, los señalamientos y las denuncias por presuntas irregularidades no equivalen a una declaración de culpabilidad. La eventual responsabilidad penal o administrativa de Taddei y de otros funcionarios deberá determinarse mediante las investigaciones y los procedimientos correspondientes. De acuerdo con De la Garza, el caso no debería limitarse a una sanción administrativa si existen elementos que ameriten una investigación penal.

Con Información de Uno TV y La Jornada.

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