Una prisión federal en el norte de México, proyecto de BlackRock, inició sus operaciones, informó el Gobierno, parte de la iniciativa de expansión en infraestructura del administrador de activos más grande del mundo.
Una portavoz de la Comisión Nacional de Seguridad, Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) dijo que los internos comenzaron a llegar al Centro Penitenciario Coahuila en agosto y que al final de ese mes había 139 personas.
El Gobierno mexicano es responsable de la seguridad de la prisión mientras que una subsidiaria de BlackRock se encarga de alimentos y mantenimiento.
El contrato para construir y mantener la prisión se otorgó hace casi ocho años a otra empresa. Sin embargo, BlackRock asumió el proyecto en 2016, después de que el Gobierno mexicano hizo cambios en la prisión y aumentó los pagos prometidos.
BlackRock recibirá al menos mil 281 millones de pesos (65.5 millones de dólares) de pagos anuales durante 20 años para cubrir la construcción, alimentos y otros mantenimientos, según documentos obtenidos por Reuters a través de una solicitud de información y un informe de la Auditoría Superior de la Federación.
Ni el gobierno ni BlackRock confirmaron la nueva cifra, que fue calculada por Reuters.
Durante los últimos años, el administrador de activos ha profundizado su inversión en infraestructura, principalmente en proyectos como carreteras de peaje, energía eólica y tuberías.
La empresa dijo en un comunicado que cualquier retorno del proyecto iría a los clientes mexicanos. “BlackRock ha estado trabajando con el gobierno para completar de manera efectiva y eficiente las instalaciones de Coahuila, que ahora están en funcionamiento,” dijo.
El penal es el último en abrir de ocho prisiones semiprivadas, comprometidas por el expresidente mexicano Felipe Calderón, para reducir el hacinamiento crónico. Su programa fue criticado por organizaciones civiles.
Desde que se introdujo un nuevo sistema de justicia en 2016, la población carcelaria de México ha disminuido ya que menos delitos merecen la detención automática previa al juicio.
OADPRS, que ha tenido seis líderes diferentes bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, originalmente otorgó el contrato de Coahuila a la constructora mexicana Grupo Tradeco en diciembre de 2010.
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