Con la intención de garantizar que el agua llegue de forma equitativa a todas las comunidades, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para crear una nueva Ley General de Aguas y reformar la actual Ley de Aguas Nacionales. El objetivo es claro: que el Estado mexicano recupere el control sobre este recurso vital y ponga fin a los abusos y la corrupción en su manejo.
La propuesta introduce sanciones severas para quienes lucren con el agua o alteren su flujo natural. Entre las medidas, se contempla hasta 12 años de prisión para quienes manipulen medidores, concesionen ilegalmente el recurso o lo desvíen sin autorización. También se castigará con cárcel a servidores públicos que otorguen permisos de forma indebida o a cambio de beneficios personales.
Desde una perspectiva humana, la iniciativa reconoce al agua como un bien público y de interés nacional, esencial para la vida y el bienestar. En su exposición de motivos, se subraya que su gestión debe regirse por principios de sustentabilidad, equidad y transparencia, e involucrar de manera activa a las comunidades y pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre su uso.
Además, se plantea la creación de un Sistema Nacional de Gestión Integral del Agua, que coordine acciones entre los tres niveles de gobierno y supervise la planeación, conservación y rendición de cuentas del recurso. Esta estructura buscará fortalecer la infraestructura de saneamiento y tratamiento del agua potable, con prioridad en regiones que enfrentan escasez o contaminación.
Finalmente, la propuesta promueve una revisión exhaustiva de las concesiones actuales para garantizar que el consumo humano y doméstico sea la prioridad. Con esta ley, el gobierno pretende no solo endurecer sanciones, sino asegurar que el agua, fuente de vida, sea tratada con justicia, responsabilidad y respeto hacia las personas y el entorno.
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