El presidente de Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, mediante la cual instruyó al Departamento del Tesoro y a reguladores bancarios a reforzar la supervisión sobre transferencias internacionales y operaciones financieras consideradas de riesgo. Aunque el documento no menciona directamente las remesas, especialistas advierten que las nuevas medidas podrían afectar a millones de migrantes mexicanos que envían dinero a sus familias desde territorio estadounidense.
La orden establece que, en un plazo de 60 días, las instituciones financieras deberán recibir lineamientos para identificar riesgos relacionados con transferencias transfronterizas de bajo monto, uso de plataformas de pago entre particulares y patrones repetitivos de depósitos o retiros pequeños, práctica conocida como “estructuración”. Además, se ordena fortalecer los programas de identificación de clientes, incluyendo la posibilidad de solicitar información migratoria cuando existan indicadores de riesgo financiero.
Uno de los puntos que ha generado mayor preocupación es la referencia explícita al ITIN, número de identificación fiscal utilizado por miles de personas migrantes indocumentadas para abrir cuentas bancarias y realizar operaciones financieras en Estados Unidos. El documento señala que el uso de este mecanismo podría ser considerado un “factor de riesgo” que amerite una supervisión reforzada, lo que podría derivar en solicitudes adicionales de documentación o incluso el rechazo de ciertas transacciones.
México ocupa actualmente el tercer lugar mundial en recepción de remesas. De acuerdo con datos del Banco de México, durante 2025 ingresaron al país más de 64 mil millones de dólares por este concepto, provenientes en su mayoría de Estados Unidos. Las remesas representan una de las principales fuentes de divisas para la economía mexicana y sostienen el ingreso de millones de hogares en entidades como Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Puebla.
La orden ejecutiva también instruye a organismos como la Reserva Federal y la FDIC a emitir nuevas guías sobre riesgos crediticios asociados con población migrante sin autorización laboral. Analistas consideran que esto podría endurecer el acceso a créditos hipotecarios, préstamos y servicios financieros para migrantes mexicanos en Estados Unidos, en medio del debate político migratorio rumbo al proceso electoral estadounidense de 2026.
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