Después de casi 11 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó, el día de ayer, una reforma constitucional que plantea exigir una sola nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La minuta fue enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.
La propuesta modifica disposiciones de los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece requisitos relacionados con la nacionalidad de quienes busquen ocupar esos cargos ejecutivos. De acuerdo con el planteamiento, las personas que tengan una segunda nacionalidad tendrían que renunciar a ella para poder competir por los cargos contemplados en la reforma.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel, sostuvo que el cambio busca evitar posibles conflictos de interés derivados de una segunda nacionalidad. Desde el Partido del Trabajo, la diputada Lilia Aguilar Gil señaló que la modificación pretende impedir posibles formas de injerencia extranjera en la conducción política del país.
La propuesta generó críticas de las bancadas de oposición. El diputado panista Diego Ángel Rodríguez Barroso cuestionó que la medida pudiera contradecir el reconocimiento que se ha hecho a la comunidad mexicana que reside en otros países. Por su parte, el diputado priista Humberto Ambriz Delgadillo planteó que contar con una segunda nacionalidad no implica perder los derechos políticos adquiridos como mexicano.
El debate también incluyó cuestionamientos sobre los alcances de la reforma para personas que poseen otra nacionalidad. El coordinador del PAN, Elías Lixa, señaló durante la discusión que existen países donde la renuncia a una nacionalidad puede ser jurídicamente compleja. En tanto, el debate parlamentario continuó con reservas antes de la votación definitiva en la Cámara de Diputados.
Finalmente, la reforma fue aprobada con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. El proyecto aún debe ser analizado por el Senado y, al tratarse de una reforma constitucional, posteriormente tendría que cumplir con las etapas previstas para este tipo de modificaciones antes de que pueda entrar en vigor.
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