Hace un año inauguraron el parque de tu colonia. Hubo listón, lona con el logotipo de la administración, discurso y fotografía. Hoy los columpios tienen las cadenas rotas, la luminaria del fondo lleva meses fundida y el pasto creció hasta las bancas. Nadie lo reportó, porque nadie sabía a quién o porque todos supusieron que otro ya lo había hecho. Los niños dejaron de ir cuando oscurecía, después dejaron de ir del todo, se robaron los cables y el parque se convirtió en ese lugar que la colonia rodea sin mirar.
Escenas como esta se repiten en muchas ciudades, y casi siempre las explicamos con la misma frase: “falta de presupuesto”, “no le dan mantenimiento” o “un mal gobierno”, y esto puede ser parte de las causas del abandono. Pero hay ciudades con menos dinero que la nuestra donde el parque sigue en pie diez años después, y otras con más recursos donde la obra nueva se deteriora antes de terminar de pagarse.
La pregunta de por qué unas ciudades prosperan y otras se estancan, teniendo condiciones parecidas, ha ocupado a urbanistas y economistas durante décadas. Uno de los estudios más reveladores lo hizo el politólogo Robert Putnam en Italia. A partir de 1970 el país creó gobiernos regionales con las mismas leyes, las mismas atribuciones y fórmulas de financiamiento similares. Veinte años después, las regiones del norte funcionaban razonablemente bien y muchas del sur seguían atrapadas en la ineficiencia y el clientelismo.
La diferencia no estaba en las normas ni en el diseño institucional, que eran prácticamente idénticos. Estaba en la sociedad que los habitaba. Donde existía una larga tradición de asociaciones vecinales, cooperativas, coros y clubes deportivos, donde la gente confiaba en desconocidos y esperaba que los demás cumplieran, las instituciones respondían. Donde la confianza no pasaba de la familia, las mismas leyes producían resultados muy distintos. Llevado al terreno urbano, esto significa que una ciudad también se construye con algo que no aparece en los planos ni en los catálogos de conceptos.
Ese algo tiene nombre, aunque nos cueste medirlo. Lo primero es la confianza. Cuando podemos fiarnos del vecino, del proveedor y de la autoridad, los acuerdos cuestan menos, se invierte con menos miedo y la economía puede salir de lo informal. Lo segundo es el respeto a la norma cuando nadie está vigilando. La ciudad que funciona no es la que tiene más inspectores, sinoaquella donde respetar el uso de suelo, la banqueta o el horario de la basura es lo normal, y donde brincarse el reglamento se ve como una falta y no como una muestra de astucia.
Le sigue el sentido de lo público. En las ciudades que se deterioran, lo común se percibe como algo que no es de nadie o que es asunto exclusivo del gobierno; en las que prosperan se percibe como propio. Jane Jacobs lo explicaba con su idea de los ojos en la calle: la seguridad y la vida de un barrio dependen de vecinos que sienten que el entorno les pertenece.
A esto se suman otros rasgos que suelen viajar juntos. Una ciudadanía que participa y exige cuentas en lugar de cambiar su apoyo por favores. Una disposición a pensar en plazos más largos que una administración municipal. Y una apertura hacia quien llega de fuera, porque las ciudades cerradas terminan por ahuyentar justamente a quienes podrían aportar talento e inversión.
Sería cómodo concluir que estas cualidades son una herencia cultural que algunas ciudades tienen y otras no. La experiencia latinoamericana de las últimas tres décadas demuestra lo contrario. A mediados de los noventa, Bogotá era sinónimo de caos y violencia, y su alcalde Antanas Mockus decidió tratar el comportamiento ciudadano como un asunto de política pública. Llenó los cruces de mimos que exhibían a los infractores con humor, repartió tarjetas para que los propios ciudadanos aprobaran o reprobaran la conducta de los demás, y años después llegó a convencer a decenas de miles de contribuyentes de pagar voluntariamente un impuesto adicional. Su punto de partida era sencillo: la gente cumple las reglas por temor a la sanción, por convicción propia y por la mirada de los demás, y esa tercera razón era la más desaprovechada.
Medellín, que a principios de los noventa figuraba entre las ciudades más violentas del mundo, recorrió un camino complementario. Llevó sus mejores obras, bibliotecas-parque, escuelas de gran calidad arquitectónica y el Metrocable, precisamente a las comunas más pobres y olvidadas. Quienes vivían ahí recibieron un mensaje de dignidad: la ciudad los reconocía como parte de ella. En ambos casos el cambio de conducta llegó después de un cambio en el entorno y en los incentivos, y no como resultado de sermones.
De esas experiencias se desprenden lecciones aplicables a nuestras ciudades. La primera es que el ejemplo empieza por la autoridad. Ninguna campaña de cultura de la legalidad resiste la imagen de un permiso otorgado por palanca, una obra pública inconclusa o una promesa incumplida. La confianza se gana con compromisos pequeños que se cumplen y se pueden verificar: el parque que sí se mantiene, el trámite que sí sale en el plazo anunciado, el presupuestoque se publica completo, la expectativa cumplida.
La segunda es que el espacio público digno en los barrios olvidados genera apropiación, siempre que se diseñe con la comunidad y no únicamente para ella. La tercera es que la participación debe tener consecuencias. Consultar para luego ignorar produce más cinismo que no consultar. El presupuesto participativo, nacido en Porto Alegre en 1989, funciona porque los vecinos deciden de verdad en qué se invierte una parte del dinero y después ven la obra terminada.
La cuarta es la certeza en la aplicación de la norma, porque disuade más una sanción segura y pareja, aunque sea moderada, que una muy severa que casi nunca llega. La quinta es la continuidad. Los planes que sobreviven a varias administraciones, respaldados por institutos de planeación con consejos ciudadanos fuertes, como el de León, que opera desde 1994, enseñan a la ciudadanía a valorar el largo plazo y a exigirlo.
Hay, sin embargo, una parte que nos toca y que incomoda reconocer. El gobierno puede crear las condiciones, pero los valores se practican en lo cotidiano: en el predial que pagamos o evadimos, en la barda que levantamos sin permiso porque todos lo hacen, en la basura que sacamos fuera de horario, en la junta vecinal a la que no asistimos y en el voto que se cambia por una despensa. Cada uno de esos gestos parece insignificante por separado. Sumados, definen la ciudad que tenemos.
Ninguna transformación de este tipo ocurre en un trienio. Bogotá y Medellín necesitaron más de una década y varias administraciones que no desecharan lo que había construido la anterior. Aun así, los primeros resultados pueden verse pronto cuando las acciones iniciales son visibles y se cumplen.
Volvamos al parque de tu colonia. Podemos esperar a que alguien más lo arregle, o podemos organizarnos para reportarlo, exigir su mantenimiento y cuidarlo una vez rehabilitado. Mientras sigamos esperando que la ciudad mejore sin que nosotros cambiemos, por más obras que se inauguren, por más capaz y honesta pueda ser la autoridad, seguiremos habitando una ciudad pendiente.
Columna por:
Arq. Eloy Quintal Jiménez
Urbanismo l La Ciudad Pendiente
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