El Gobierno estadounidense está interesado en la Ley de Producción de Defensa, lo cual daría facultades al mandatario de modificar la inversión en este sector.
Meses después del inicio la Guerra de Corea (conflicto que ocurrió durante la Guerra Fría), el entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, impuso un tope a los salarios y estableció controles de precios en la industria del acero, en el marco de una ley recién aprobada para tomar medidas en nombre de la defensa nacional.
Ahora, más de medio siglo después, los funcionarios del Gobierno de Donald Trump están considerando usar el mismo estatuto para mantener en funcionamiento las aquejadas plantas de carbón y energía nuclear, según cuatro personas que pidieron el anonimato para discutir deliberaciones privadas.
Bajo este enfoque, el Gobierno invocaría una amplia autoridad otorgada por la Ley de Producción de Defensa, de 68 años de antigüedad, que permite al presidente nacionalizar la industria privada a efectos prácticos para garantizar que Estados Unidos tenga los recursos que podrían necesitarse en medio de una guerra o después de un desastre.
Trump hizo campaña con la promesa de recuperar el carbón, que es cada día más desplazado del mercado de energía estadounidense, por el gas natural barato y de combustión más limpia.
Pero a su Gobierno le cuesta encontrar un enfoque que pueda aprobar el examen de los tribunales y los reguladores independientes de electricidad.
En enero, una propuesta para subsidiar algunas centrales eléctricas fue rechazada unánimemente por la Comisión Federal Reguladora de Energía.
Además, surgieron dudas en la Casa Blanca sobre la solicitud de una subsidiaria de FirstEnergy, sobre que el Gobierno declare una emergencia en la red y garantice ganancias para las plantas de carbón y energía nuclear utilizando una autoridad legal generalmente reservada para emergencias como la guerra.
Los funcionarios del Gobierno están investigando la ley que invocó Truman para el acero como una alternativa posible. El estatuto clasifica la energía como un “material estratégico y crítico”, lo que da al presidente amplias libertades para proteger a los proveedores, incluso ordenando a las empresas que acepten contratos de materiales y servicios.
En 2001 se invocó a las concesionarias de energía eléctrica de California a fin de evitar apagones eléctricos y mantener el flujo de gas natural.
En cambio, este sería un uso sin precedentes de la ley más comúnmente empleada para invertir en tecnologías fundamentales utilizadas para desarrollar armas avanzadas.
“Esto extendería el estatuto mucho más allá de sus usos anteriores. Éste no contempla el tipo de uso que aparentemente está evaluando el Gobierno ahora”, dijo Ari Peskoe, director de la Electricity Law Initiative, de la Universidad de Harvard.
Contratos e incentivos
La ley le permite al presidente asignar y priorizar los contratos de materiales, equipos y servicios. También lo faculta para proporcionar incentivos a fin de modernizar y ampliar la capacidad de producción de recursos críticos como la energía, incluida la compra de equipos para uso de empresas privada
En 2011, el Gobierno invocó el estatuto para obligar a las compañías de telecomunicaciones a divulgar información confidencial sobre sus redes.
En junio, Trump le dijo al Congreso que usaría la ley para apuntalar la industria aeroespacial y evitar insuficiencias en la producción de una vacuna para uso militar.
Los funcionarios no han decidido exactamente cómo podrían usar el estatuto para ayudar a las plantas de carbón y energía nuclear, si es que así lo deciden.
Como la ley le da tanto margen de acción al Gobierno, la asistencia podría otorgarse en forma de préstamos y garantías de créditos o compromisos de compra con la posibilidad de realizar pagos directos a las fábricas.
La ayuda también podría dirigirse hacia una sola región o hacia plantas específicas.
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