Diputados de Quintana Roo recibirán 250 mil pesos en fin de año pese a baja productividad

Los 25 diputados de la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo recibirán alrededor de 250 mil pesos en prestaciones de fin de año, cifra que incluye 47 días de aguinaldo, prima vacacional, apoyo a vivienda, combustible y pago de casas de gestoría. En contraste, un trabajador que percibe el salario mínimo recibirá apenas 3 mil 691 pesos de aguinaldo, lo que refleja una brecha de más de 67 veces entre ambos ingresos.

De acuerdo con el portal de transparencia del Congreso, las prestaciones ascienden a 126 mil pesos por legislador, además de un bono navideño cuyo monto permanece bajo “reserva”. Fuentes internas señalan que este bono podría variar según la “colaboración” de cada diputado en la aprobación de iniciativas, aunque la institución no ha confirmado dicha información.

Pese al gasto, la productividad legislativa no corresponde al presupuesto ejercido. El Observatorio Legislativo reportó que solo ocho diputados han presentado iniciativas o decretos de manera individual, mientras que una parte importante de las 119 iniciativas presentadas en el último periodo fueron obligatorias o procedentes del Ejecutivo, municipios o ciudadanos. La falta de debate parlamentario y la aprobación acelerada de propuestas oficiales también generan preocupación entre organizaciones civiles.

Indicadores de Cimtra y el IMCO colocan a Quintana Roo entre los últimos lugares del país en transparencia legislativa. Los críticos señalan que los diputados trabajan entre tres y cuatro días a la semana, mientras que el trabajador promedio labora seis, y que persisten pendientes clave como la Ley de Austeridad, la actualización de la Ley de Movilidad y reformas en seguridad, justicia y materia electoral.

En total, los recursos destinados a las prestaciones de los legisladores ascienden a más de 6 millones de pesos. Colectivos ciudadanos calificaron el monto como desproporcionado ante la falta de resultados y advirtieron que mantener beneficios elevados sin corresponsabilidad pública alimenta la desconfianza en el Congreso estatal.