Quintana Roo ha perdido cerca del 60% de su cobertura original de manglares, de acuerdo con información difundida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en octubre de 2026.
La organización advierte que la presión inmobiliaria, la fragmentación de los ecosistemas y las modificaciones en los flujos naturales de agua están entre los factores que amenazan estos humedales costeros. El dato de pérdida, sin embargo, fue difundido sin precisar el periodo de referencia utilizado para establecer la cobertura original.
Uno de los principales riesgos señalados por el CEMDA es el crecimiento urbano e inmobiliario en zonas ambientalmente sensibles. La organización ha cuestionado modificaciones a instrumentos de planeación urbana que pueden ampliar las posibilidades de construcción cerca de humedales, manglares y selvas. También advierte que una obra puede alterar un ecosistema sin ocupar directamente el manglar, por ejemplo, si modifica los flujos hidrológicos que lo mantienen.
Los manglares cumplen funciones relevantes para las comunidades costeras: contribuyen a reducir la erosión, amortiguar el impacto de marejadas y disminuir algunos efectos de las inundaciones. Cuando estos ecosistemas se degradan o se fragmentan, las poblaciones y la infraestructura cercanas pueden quedar más expuestas a fenómenos meteorológicos extremos, incluidos los ciclones tropicales.
La importancia de estos humedales también se refleja en los registros de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Su Sistema de Monitoreo de los Manglares de México reporta que Quintana Roo concentra la mayor superficie de manglar del país y estima 250 mil 294 hectáreas para 2025. Esta cifra corresponde a una serie de monitoreo con distintos cortes históricos y no debe compararse directamente con el porcentaje de pérdida citado por el CEMDA sin conocer la base y el periodo utilizados en ese cálculo.
En junio de 2026, el CEMDA informó que un tribunal federal concedió un amparo relacionado con el proyecto San Mex, en Playa del Carmen. La resolución determinó que la omisión de una consulta pública afectó la validez del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y ordenó realizar el proceso correspondiente. El caso forma parte de los debates sobre transparencia, participación ciudadana y autorización de proyectos con posibles efectos ambientales.
Entre las medidas planteadas para conservar los manglares se encuentran proteger las zonas de amortiguamiento, evitar obras que bloqueen los flujos naturales del agua, fortalecer la vigilancia ambiental y garantizar evaluaciones de impacto transparentes. El desafío para Quintana Roo es conciliar el crecimiento urbano y turístico con la conservación de ecosistemas que cumplen funciones ambientales y contribuyen a reducir la vulnerabilidad de las comunidades costeras.
Con información de Grupo Megamedia
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